Inician una investigación contra el fiscal que ordenó detener al bioquímico del caso Oldani.
Cecilia Vranicich, la actual auditora general del Ministerio Público de la Acusación, inició una investigación interna sobre el desempeño que realizó el fiscal Gonzalo Iglesias cuando pidió la detención del bioquímico Alfredo Sadonio, que fue imputado como el supuesto autor intelectual del homicidio del empresario Hugo Oldani, ocurrido el 11 de febrero del 2020.
El inicio de la pesquisa, indicaron fuentes judiciales a Aire Digital, tiene la particularidad de que no fue solicitada por la defensa particular de Sadonio, a cargo de Martín Durando, sino que la propia Fiscalía General, a cargo de Jorge Baclini, solicitó que se revea la actuación del funcionario de la Unidad Especial de Homicidios de Santa Fe. La lupa sobre Iglesias comenzó a partir del 8 de enero pasado tras la liberación de Sadonio luego de estar diez días detenido en la cárcel de Las Flores, cuando salió a luz que las escuchas que vinculaban al bioquímico con el caso Oldani no estaban en manos de la Fiscalía.
De hecho, nunca quedó claro si esas escuchas realmente existían en la causa, ya que el grueso de las evidencias que manejó la Fiscalía para incriminar y vincular a Sadonio con el caso fue el testimonio que aportó el imputado en la causa, Brian Nanuel Damiani, que declaró como arrepentido. El mismo, seis meses antes de la detención del profesional de la salud, dijo que el día del crimen habían ido con el resto de la banda hasta una farmacia ubicada por calle Belgrano a tres cuadras de bulevar al norte y que allí un hombre les había suministrado el dato de dónde tenían que ir a robar.
Aquellas «pistas» comenzaron a ser seguidos por agentes del Organismo de Investigaciones que buscaron farmacias ubicadas a pocas cuadras de la zona de bulevar. Por esa razón, apuntaron a la que es propiedad de la esposa del bioquímico. Además, en base a los dichos de Damiani, elaboraron un identikit con el supuesto “datero” de la banda y llevaron a cabo tareas de campo en la zona. Por otro lado, intervinieron teléfonos vinculados al entorno de Sadonio, entre ellos, el de la propia farmacia. Aquellas actuaciones fueron aportadas luego al fiscal, quien solicitó después al juez Pablo Busaniche la orden de allanamiento para ingresar a la casa de Sadonio ubicada en el barrio Candioti Sur. Tal procedimiento se concretó el 29 de diciembre y dos días después el bioquímico fue llevado a una audiencia de imputación a tribunales. Allí, el funcionario judicial le atribuyó la coautoría del delito de homicidio doblemente calificado (por ser perpetrado mediante el empleo de un arma de fuego y por ser criminis causae), en concurso real con la coautoría del delito de robo, también doblemente calificado (por ser perpetrado mediante el empleo de un arma de fuego apta para el disparo y por haber sido cometido en poblado y en banda). Cuatro días después, el juez Sergio Carraro dispuso la prisión preventiva para Sadonio tras hacer lugar a un acuerdo al que arribaron el fiscal con el abogado defensor, Martín Durando. Tal conformidad de la defensa se dio como estrategia para lograr reunir elementos que rápidamente pudieran acreditar que el imputado no había estado ese día del crimen en Santa Fe sino en Ataliva.
Y así fue. El 8 de enero, se llevó a cabo una nueva audiencia de control de la detención en donde la fiscal Ana Laura Gioria (ya que Iglesias se encontraba de feria) determinó hacer lugar a la libertad requerida por Durando luego de que se realizó una rueda de reconocimiento en donde el imputado arrepentido no pudo identificar al bioquímico. En efecto, el juez Jorge Patrizi ordenó liberar al acusado.
Ante semejante irregularidad, la Fiscalía General emitió un decreto a la Auditoría General de Gestión para que se abra una investigación interna que permita determinar si Iglesias incurrió en una falta leve o grave, por lo que ya solicitó informes. Desde el organismo encargado control el despeño de funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, también evaluaron la situación de los agentes del Organismo de Investigaciones que realizaron las tareas de campo y el grueso de la pesquisa. Pero sobre ellos se da una situación particular: los detectives dependen del Ministerio de Seguridad por lo que su forma de trabajar deberá ser analizada por la Secretaría de Control de la Fuerza.
Otra fiscal en la mira
No solo el desempeño de Iglesias se encuentra siendo analizado en la Auditoría, sino también el de la fiscal Cristina Ferraro, la cual fue la primera en estar a cargo de la causa del crimen de Hugo Oldani.
El comportamiento de la funcionaria judicial en torno a la custodia de la escena del homicidio hizo que el organismo controlador inicie otra investigación para luego ser juzgada ante un tribunal disciplinario que deberá determinar si cometió una falta grave luego de autorizar a la hija del empresario asesinado retirar en bolsos sumas de dinero, que según se estima oscilaban los 3 millones de pesos y el millón de dólares.
FUENTE: AIRE DIGITAL